La norma de la era Trump que ha sido utilizada por la administración Biden más de un millón de veces ha impedido que los solicitantes de asilo entren a los Estados Unidos bajo preocupaciones de “salud pública”. En marzo de 2020, el programa se promulgó para evitar la propagación del Covid negando la entrada a migrantes. Aunque su intención inicial fue algo comprensible durante el pico del Covid-19, su continuación descuidó el proceso de asilo. La norma no estaba destinada a bloquear a los migrantes por una enfermedad que sigue bajo control mientras se anula completamente el proceso migratorio durante años. Con vacunas y otros tratamientos fácilmente disponibles, el Título 42 está obsoleto e innecesario. Su implementación continua es inhumana y es solo otro chivo expiatorio para deportar rápidamente a millones sin enfrentar la realidad de por qué las personas buscan refugio en los Estados Unidos. La mayoría de los inmigrantes indocumentados que han sido expulsados bajo el Título 42 han huido de Centro y Sudamérica, dejando sus hogares y familias en busca de seguridad. Sus países han sido devastados por la corrupción rampante en todos los niveles de gobierno. La discriminación de género, la desesperación económica y el tráfico humano/drogas han sido temas comunes en varias naciones. Estos factores han llevado a millones a huir a los Estados Unidos solo para ser rechazados por una norma que invalida las atrocidades que ocurren en su país de origen mientras pone en peligro las leyes de asilo de EE. UU.
La administración Biden finalmente ha entrado en razón y está decidida a poner fin a la ejecución del Título 42. Los grupos de defensa de la inmigración han presionado al presidente Biden para que termine el programa desde su inauguración, pero él había ignorado estas preocupaciones. No fue hasta recientemente que el tono del presidente cambió y alentó a eliminar el programa. Una fecha límite ordenada por la corte para el miércoles 21 de diciembre se suponía que sería la última batalla contra el Título 42, pero como con la mayoría de los temas migratorios, siempre es una lucha por quién controla la implementación de la política migratoria de EE. UU. Desafortunadamente, varios estados republicanos se unieron para detener la eliminación del programa que estaba por expirar. La Corte Suprema revisará el caso y finalizará su decisión en los próximos días y semanas.
Este problema recae en el Congreso. Durante años, los miembros del Congreso han proclamado su apoyo a la reforma migratoria pero han fallado en actuar al respecto. Depende del Congreso ser realista y aprobar la reforma migratoria. La reforma debería incluir un financiamiento adecuado para detener las entradas ilegales a EE. UU. en la frontera mientras se permite el procesamiento de casos para menores y aquellos que realmente huyen de persecución o desastres naturales. La reforma migratoria puede hacerse si los legisladores realmente abordan un problema complicado en lugar de ser dominados por quienes avivan pasiones con términos divisivos como “amnistía” por un lado y “fronteras abiertas” por el otro. La reforma migratoria no tiene que ser un tema complicado si el Congreso trabajara de manera bipartidista para atender las preocupaciones de los estadounidenses y de los inmigrantes que buscan estatus legal en los Estados Unidos.
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