El anuncio de la semana pasada por la administración Trump sobre la limitación de vías hacia la ciudadanía para ciertos inmigrantes ha llegado a un punto crítico con tres estados del noreste. Letitia James, la fiscal general de Nueva York, anunció que Connecticut, Vermont y Nueva York habían presentado una demanda contra el gobierno federal y las agencias que estarían encargadas de hacer cumplir la nueva regla que ampliaría la definición de “carga pública.” Que entrará en vigor el 15 de octubre, la nueva ley puede considerar a cualquier inmigrante legal con tarjeta verde, visa u otros estatus migratorios legales como una “carga pública” si están inscritos en programas de asistencia gubernamental como cupones de alimentos y bienestar social. “Simplemente, bajo esta regla, más niños pasarán hambre, más familias quedarán sin atención médica y más personas vivirán en las sombras y en las calles. No podemos, y no permitiremos que eso suceda,” dijo James.
A finales del año pasado, se filtró un borrador de la misma regla, alertando a miles de inmigrantes. Como resultado de la filtración, muchos inmigrantes abandonaron los programas de asistencia gubernamental o optaron por no recibirlos incluso después de calificar. “Generaciones de ciudadanos llegaron a las acogedoras costas de Ellis Island con nada más que un sueño en sus bolsillos,” dijo James en un comunicado. “Los esfuerzos velados de la administración Trump para permitir solo a aquellos que cumplen con sus estrechos criterios étnicos, raciales y económicos entrar a nuestra nación es una clara violación de nuestras leyes y nuestros valores.”
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La demanda presentada por los tres estados del noreste destaca que la regla discrimina contra ciertos grupos de personas y viola los derechos de igualdad de protección bajo la Constitución de los Estados Unidos. Según la demanda, la administración Trump está tratando de limitar el número de inmigrantes de color en los Estados Unidos. En cambio, la administración prefiere un origen inmigrante más blanco. La demanda mencionó varias ocasiones en que la “administración Trump buscó aislar y excluir a inmigrantes latinos y otros inmigrantes de color.” Limitando DACA y prohibiendo viajes desde países mayoritariamente musulmanes y terminando “protecciones migratorias temporales para personas de Nicaragua, Honduras, Haití y El Salvador.”
El Departamento de Seguridad Nacional en años pasados definió “carga pública” como alguien que dependía de asistencia en efectivo o atención financiada por el gobierno, pero la nueva regla amplía la definición para incluir beneficios adicionales como cupones de alimentos, Medicaid no urgente, ciertos subsidios para medicamentos recetados y vales de vivienda. La administración Trump argumenta que ampliar el significado de “carga pública” ayuda a “proteger a los contribuyentes estadounidenses” y asegura “que los no ciudadanos en este país sean autosuficientes y no una carga para los recursos públicos.”
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