Un memorando del departamento de justicia reveló que a los miembros de la Junta de Apelaciones de Inmigración de la administración previa a Trump se les ofrecieron indemnizaciones para que la administración pudiera eludir el sistema judicial de inmigración. Los esfuerzos de la administración Trump para llenar la junta con funcionarios pro-Trump que se alinean con las políticas antiinmigrantes del Presidente se destacan en los memorandos del Departamento de Justicia. James McHenry, el director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, ofreció grandes indemnizaciones a miembros de carrera de la junta de inmigración a cambio de que renunciaran o dejaran su puesto. Los pagos financieros y de “incentivos por separación voluntaria” se ofrecieron a “individuos cuyos puestos nos ayudarán a reestructurar estratégicamente la EOIR para acomodar habilidades, tecnología y mercados laborales,” según el memorando del DOJ.
La EOIR es la agencia del DOJ que está a cargo de la Junta de Apelaciones de Inmigración y su cuerpo de 23 miembros. El cuerpo revisa decisiones de apelación de jueces de tribunales inferiores y establece el precedente para políticas y supervisión de inmigración. Las ofertas de indemnización se enviaron a nueve miembros, todos los cuales rechazaron aceptarlas. El funcionario que reveló el memorando declinó ofrecer su nombre por temor a represalias de la administración Trump. El Sr. McHenry declinó comentar sobre los asuntos diciendo que “el Departamento no comenta sobre asuntos de personal.” Su declaración continuó con, “Cualquier insinuación de que la contratación politizada se ha intensificado es inconsistente con los hechos,” dijo la declaración.
Incontables funcionarios nombrados bajo la administración Trump como jueces, abogados y exmiembros de la EOIR afirman que la administración ha usado la junta para continuar fortaleciendo el control migratorio y reducir el número de inmigrantes que ingresan al país. Algunas de las contrataciones más recientes tienen una larga historia de sesgo y prejuicio. Algunas quejas contra funcionarios llegan a afirmar que eran antiinmigrantes. Un exjuez rechazó el 96% de las solicitudes de asilo de inmigrantes. “La EOIR no selecciona a los miembros de la junta basándose en criterios prohibidos como raza o política, y no discrimina a los solicitantes basándose en ninguna característica prohibida,” dijo el Departamento de Justicia en su declaración. “Todos los miembros de la junta son seleccionados mediante un proceso abierto, competitivo y basado en el mérito que comienza con un anuncio público en el sitio web federal de empleo de la Oficina de Gestión de Personal (OPM).”
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración criticó los esfuerzos de la administración Trump para socavar la neutralidad de los miembros de la junta y las indemnizaciones representan un intento flagrante de limitar la inmigración. “La administración está tratando de politizar aún más el sistema judicial de inmigración al llenar el banco de apelaciones y busca hacer espacio para más jueces seleccionados a dedo con esta indemnización,” declaró Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA. “Estas últimas acciones revelan el severo impacto de que el sistema de inmigración de nuestra nación esté bajo la tutela del Fiscal General y solo subrayan la verdadera necesidad de crear un tribunal de inmigración independiente,” dijo.
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Fuente: https://www.rollcall.com/2020/05/27/doj-memo-offered-to-buy-out
