El lunes pasado, la administración Trump anunció un nuevo cambio de regla que dificultaría a los inmigrantes solicitar beneficios públicos que incluyen cupones de alimentos, asistencia para vivienda y Medicaid si estaban solicitando una tarjeta verde o la ciudadanía. El cambio de regla fue solo otro ejemplo de los esfuerzos de la administración Trump para afirmar su autoridad burocrática sobre el gobierno nacional y el proceso de inmigración. Numerosos funcionarios de la Casa Blanca han estado decididos a cambiar drásticamente las leyes de inmigración del país.
Entrando en vigor a mediados de octubre, la nueva regla esencialmente proporcionaría al gobierno la supresión de inmigrantes permitidos en los Estados Unidos basándose en su situación económica y en la probabilidad de que puedan usar programas gubernamentales. El director interino de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU., Ken Cuccinelli, dijo que el objetivo es traer “personas para que se unan a nosotros como ciudadanos estadounidenses, primero como residentes permanentes legales, que puedan mantenerse por sí mismos, que no dependan del sistema de bienestar, especialmente en la era del estado de bienestar moderno que es tan expansivo y costoso.” Los expertos dicen que la nueva ley solo daría la bienvenida a inmigrantes más ricos y mejor educados para entrar al país en lugar de aquellos con bajos ingresos.

Esta nueva regla sería así una puerta trasera para la reforma migratoria. Esto fue reiterado por Bob Greenstein, presidente del Center on Budget and Policy Priorities, “esencialmente pone un precio para obtener la residencia permanente legal en los Estados Unidos, desplazándola de la inmigración basada en la familia hacia una restringida a personas que ya son relativamente acomodadas o altamente calificadas cuando ingresan al país.” Un análisis del Migration Policy Institute sobre el cambio de regla propuesto publicado el año pasado encontró que los inmigrantes de México y Centroamérica estarían en un riesgo significativamente mayor de que se les rechazara la tarjeta verde en comparación con inmigrantes de otras regiones del mundo. Aquellos de Europa, Canadá y Oceanía eran los menos propensos a verse afectados negativamente.
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