La semana pasada, el presidente Biden declaró el fin de la emergencia nacional por Covid del gobierno que había estado vigente durante mucho tiempo. Después de casi tres años en vigor y millones de vidas perdidas por el virus mortal, la administración busca eliminar los beneficios de emergencia que apoyaron a millones.
En diciembre del año pasado, la Corte Suprema detuvo el intento de la administración de poner fin al Título 42, una política que ha deportado a millones de inmigrantes bajo el pretexto de preocupaciones de salud pública. Con el fin de la emergencia nacional derivada del Covid, no hay base para que la orden de salud pública continúe. Su implementación continua contradice la misma razón por la que la política fue inicialmente promulgada. Afortunadamente, el DOJ argumentó en un escrito ante la Corte Suprema que “Ausentes otros desarrollos relevantes, el fin de la emergencia de salud pública (entre otras consecuencias) terminará las órdenes del Título 42 y hará que este caso quede sin efecto.” El DOJ está esencialmente argumentando que la orden de salud de la era pandémica terminará con la emergencia nacional por Covid.
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Existen serias preocupaciones que nublan la ley de inmigración en los Estados Unidos. La inacción del congreso y los desafíos judiciales han tenido graves consecuencias para miles de inmigrantes. Sin una política razonable propuesta para reformar la inmigración en los Estados Unidos, el sistema solo continuará saturándose.
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