Cada lunes por la mañana, Reyna Montoya espera la decisión final de la corte suprema sobre la batalla judicial de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Reyna, como otros 650,000 “soñadores”, llegó a los Estados Unidos cuando era menor de edad. Bajo el programa, los soñadores están protegidos de las deportaciones y existen ciertas protecciones para asegurar que ellos también formen parte del sueño americano. La decisión final de los jueces determinará si la amenaza de la administración Trump de desmantelar el programa está justificada. A medida que el trabajo de la Corte Suprema comienza a concluir para los meses de verano, una decisión sobre el programa es inminente.
“Me duele el estómago,” dijo Montoya, de 29 años, quien nació en México y se mudó a Arizona con sus padres cuando era menor de edad. “Es este nivel constante de ansiedad.” En sus esfuerzos por apoyar activamente la política de Estados Unidos para proteger a los inmigrantes indocumentados que llegaron al país siendo menores, Montoya fundó Aliento, que proporciona recursos a otros beneficiarios de DACA que enfrentan la incertidumbre sobre su destino. Las ansiedades y miedos han presionado a Montoya a pensar en lo desconocido. Las circunstancias inciertas sobre quién se hará cargo de sus responsabilidades financieras como su hipoteca u otros pagos le han causado un estrés inmenso. “Cuando realmente te detienes a pensar en todas las cosas en las que tienes que pensar, es muy abrumador,” dijo Montoya. Otros beneficiarios de DACA tienen hijos que son ciudadanos de Estados Unidos, Montoya a menudo teme por su seguridad y problemas.
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El programa de 2012 fue implementado por el presidente Obama en un esfuerzo por ofrecer algunas protecciones a corto plazo para menores que llegaron a Estados Unidos. El programa ofrecía permisos de trabajo y protección contra deportaciones que deben renovarse continuamente cada dos años. Se implementaron extensos exámenes y verificaciones de antecedentes para calificar al programa y asegurar que no fuera abusado. Bajo la administración Trump, no se aceptan nuevos solicitantes en el programa. Aquellos que ya están inscritos aún pueden renovar sus permisos de trabajo y están protegidos contra deportaciones. El destino de DACA ha estado en manos del sistema judicial, y en última instancia de los jueces de la Corte Suprema desde que el presidente Trump llamó a terminar el programa en 2017.
Adrián Escarte, al igual que Montoya, teme que llegó a Estados Unidos siendo menor de edad. Desde 2014, Escarte está inscrito en DACA. El destino incierto del programa ha causado una gran preocupación entre Escarte y sus amigos que también son beneficiarios del programa. Cada lunes, esperan escuchar las noticias en Twitter. “Cuando no se ha decidido, uno respira aliviado y dice, ‘OK, estamos bien por esta semana,’” dijo Escárate, quien forma parte de DACA desde 2014.
Las autoridades migratorias han dicho que deportarían a cualquier beneficiario de DACA que tenga un caso pendiente en la corte de inmigración. El senador Dick Durbin, cuestionado en recientes audiencias del senado sobre cómo se implementaría la deportación de beneficiarios de DACA, recibió la respuesta de Henry Lucero, jefe de operaciones de remoción de ICE, quien dijo “no hay plan ni planificación actual para esa situación” pero que la agencia sigue todos los procedimientos legales. Eso significa que cientos de miles de individuos bajo DACA podrían enfrentar la deportación, posiblemente durante la pandemia de COVID-19.
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Fuente: https://apnews.com/25ae2d8cef53543ac49
