Antes de la DREAM Act, Algunas Autoridades de Connecticut Expresan sus Dudas
En mayo de 2011, Connecticut aprobó la DREAM ACT, una ley que permite a estudiantes indocumentados que se graduaron de una escuela secundaria de Connecticut asistir a una universidad estatal y pagar la tarifa para residentes. Los partidarios del proyecto la llamaron “sentido común” (Gobernador Daniel Malloy), y argumentan que el derecho a la educación de estos jóvenes no debería verse obstaculizado debido a las acciones de sus padres y su incierto estatus migratorio. Los opositores caracterizan el proyecto como un complacencia hacia individuos que llegaron ilegalmente a los Estados Unidos y temen que el programa pueda desplazar a otros estudiantes calificados.
Hace unos días encontré un artículo en el Washington Examiner que discute la postura legal de proyectos similares en todo el país. El artículo cita la legislación federal aprobada en 1996 y firmada por el presidente Bill Clinton, ‘The Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act.’ Según la Sección 1623 de ese estatuto, las universidades y colegios estatales tienen prohibido ofrecer tarifas de matrícula para residentes a extranjeros ilegales basándose en la residencia dentro del estado, a menos que el estado ofrezca el mismo beneficio a los ciudadanos sin importar su residencia. El artículo afirma que 12 estados, incluyendo Connecticut, están violando descarada y claramente la ley federal para beneficiar a individuos indocumentados.
Hasta este momento, la administración Obama no ha impugnado dicha legislación estatal en la Corte Federal. Si se impugna la ley de Connecticut, será interesante ver si la condición de graduación de la escuela secundaria de Connecticut elude adecuadamente la prohibición de residencia discutida en la ley federal.
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