Rosita Lopez, una pequeña empresaria en Guatemala, fue amenazada por miembros de una pandilla cuando exigieron el pago. Cuando no pudieron hacer el pago, su pareja fue baleada. Temiendo por sus vidas, huyeron hacia el norte, a Estados Unidos. Cuando llegó a la frontera entre EE.UU. y México con su bebé de ocho meses por nacer y su cónyuge, su vida cambiaría para siempre. Solo un año después, un juez de inmigración de Los Ángeles ordenó su deportación. “Tengo miedo de regresar allí”, le dijo al juez.
La decisión llegó bastante rápido en un sistema que usualmente tarda años para que un juez de inmigración escuche un caso o incluso conceda refugio en Estados Unidos. Pero su caso es uno de los 56,000 que la administración Trump está tratando de acelerar en más de diez ciudades del país. Abogados de inmigración que a menudo se quejan de que toma demasiado tiempo obtener una fecha en la corte dijeron que el nuevo calendario es demasiado rápido para preparar a sus clientes para testificar y obtener documentos de países extranjeros que respalden sus reclamos. “Las familias que ya están listas y desesperadas, preparadas con abogados, que han sobrevivido múltiples atrocidades, no parecen poder presentarse ante el juez, y otros que parecen necesitar tiempo para reunir sus casos, están siendo apresurados sin el debido proceso”, dijo Judy London, abogada directora del proyecto de derechos de inmigrantes en Public Counsel.
Esta política es una de muchas que la administración Trump planea implementar para limitar la cantidad de migrantes que viajan a Estados Unidos. Aunque esta política puede acelerar el proceso, los funcionarios afirman que su objetivo es evitar que las familias migrantes echen raíces en Estados Unidos mientras esperan su solicitud de asilo. Esta política llega solo meses después de que los tribunales federales bloquearan cualquier solicitud de asilo de migrantes que pasen primero por otro país. Los inmigrantes pueden obtener permisos para trabajar legalmente en Estados Unidos una vez que sus solicitudes de asilo estén pendientes ante un juez por seis meses, lo que muchos con casos acelerados no podrán hacer. El objetivo es “desincentivar a las familias — donde una abrumadora mayoría de los casos no califican para alivio, sino que terminan con órdenes de expulsión — de hacer el peligroso viaje a Estados Unidos”, dijo Inmigración y Control de Aduanas en un comunicado.
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Fuente : https://www.ctpost.com/news/article/Swamped-immigration