En un revés para la Administración Biden y los inmigrantes indocumentados, la Corte Suprema de los Estados Unidos comunicó otra directiva migratoria desfavorable. La Corte Suprema detuvo los esfuerzos de la administración Biden para implementar sus directrices de aplicación de la inmigración que entraron en vigor por primera vez en septiembre del año pasado. El Secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, emitió las directrices del memorando para la Aplicación de la Ley de Inmigración Civil que prioriza la deportación de individuos que representan las mayores amenazas a la seguridad. Las directrices implementaron prioridades de deportación basadas en riesgos para la seguridad pública y otorgaron a los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas discreción procesal. El memorando reconoció el número significativo de inmigrantes indocumentados (alrededor de 11 millones o más) en los Estados Unidos y argumentó que el DHS no tiene los “recursos para detener y buscar la expulsión de cada uno de estos no ciudadanos.” En junio, el juez del Tribunal de Distrito Drew Tipton para el Distrito Sur de Texas emitió una orden que anuló las directrices. La administración Biden respondió presentando una apelación de emergencia ante la Corte Suprema. El 21 de julio, la corte anunció su orden que permite que la decisión del tribunal inferior se mantenga hasta la próxima sesión de la Corte Suprema.
Los jueces se dividieron según líneas partidistas, excepto la jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett, una designada por Trump, quien disintió con sus colegas liberales. La orden en el caso Estados Unidos contra Texas es temporal y los méritos del caso se debatirán más adelante este año. La corte escuchará argumentos de ambas partes y determinará si la política debe ser anulada indefinidamente. Por ahora, ICE no seguirá las directrices establecidas en el memorando, lo que representa una preocupación para los inmigrantes indocumentados.
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La administración Biden ha hecho varios esfuerzos para deshacer las políticas migratorias estrictas establecidas durante la administración Trump. El expresidente Trump buscó fortalecer políticas decisivas que subyugaron aún más al sistema judicial, causando retrasos en los procesos y aumentando su acumulación existente. Afortunadamente, la Corte Suprema permitió que la
administración Biden dejara de hacer cumplir la “Política de Permanecer en México” de la era Trump, que obligaba a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se adjudicaban sus casos. No solo la orden dificulta aún más la capacidad de los tribunales de inmigración para revisar cuidadosamente los casos, sino que también incrementa el ya saturado sistema judicial migratorio. A pesar de estos cambios, los esfuerzos de la administración Biden para reformar la inmigración han sido, por decir lo menos, decepcionantes. Promesas audaces que alguna vez fueron puntos destacados de la campaña presidencial de Biden se han estancado. Con su impopularidad alcanzando niveles que ningún presidente estadounidense moderno ha enfrentado, el futuro no parece optimista. Al igual que sus predecesores, Biden prometió un cambio real en la ley de inmigración pero no tomó acciones agresivas. Desafortunadamente, la amarga polarización y las disputas internas con los demócratas frenaron una reforma real. Para su
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