El 23 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos se pronunció a favor de la administración Biden en una decisión de 8-1, con el juez Brett Kavanaugh redactando la opinión mayoritaria. El fallo confirmó las directrices establecidas por la Administración Biden que priorizaban la deportación de inmigrantes ilegales con condenas penales graves y aquellos que representaban riesgos para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Inmigración y Control de Aduanas ahora tendrá la flexibilidad de la discreción procesal y hará cumplir las directrices establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La misión del DHS es evidente en su alejamiento del enfoque de la administración anterior de llevar a cabo “procedimientos rápidos”. El enfoque ahora es asegurar una ejecución justa de la justicia, tomando en cuenta todos los factores relevantes según lo determinen los fiscales de ICE. Con los enredos legales en los tribunales federales de distrito y la Corte Suprema resueltos, el DHS ahora tiene la autoridad para implementar directrices procesales y priorizar deportaciones basadas en su propia discreción.
En la opinión mayoritaria de la Corte Suprema, los jueces señalaron que, “Los Estados no han citado ningún precedente, historia o tradición de tribunales que ordenen al Poder Ejecutivo cambiar sus políticas de arresto o enjuiciamiento para que el Poder Ejecutivo realice más arrestos o inicie más procesos. Por el contrario, esta Corte ha dictaminado previamente que un demandante carece de legitimación para presentar tal demanda.”
¿Cuál fue el asunto en cuestión?
La administración Biden buscó priorizar las deportaciones debido a recursos limitados y al número excesivo de inmigrantes ilegales en el país. El memorando emitido por el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas el 30 de septiembre de 2021, titulado “Directrices para la aplicación de la ley civil de inmigración”, estableció las siguientes prioridades clave para la ejecución de deportaciones bajo la administración Biden:
Amenazas a la Seguridad Nacional
- El individuo ha participado en terrorismo
- Participó en espionaje contra los Estados Unidos
- La deportación o expulsión mejorará la seguridad nacional de los Estados Unidos
Amenazas a la Seguridad Fronteriza
- No estuvo físicamente presente en los Estados Unidos el 1 de noviembre de 2020 o antes
- Detenido en un puerto de entrada el 1 de noviembre de 2020 o después
Amenazas a la Seguridad Pública
- Condenado por un delito grave agravado
- La actividad criminal e historial de un individuo serán considerados en la decisión
- Participó activa y voluntariamente en actividades de pandillas o fue condenado por delitos relacionados con pandillas
Existen varias excepciones establecidas que protegen las libertades civiles de los inmigrantes ilegales para asegurar que se mantengan prácticas justas y en línea con los procesos de inmigración de EE. UU. en procedimientos de deportación y expulsión.
La opinión mayoritaria de la Corte Suprema añadió además que, “A la luz de las inevitables limitaciones de recursos y las necesidades cambiantes regularmente de seguridad pública y bienestar público, el Poder Ejecutivo debe equilibrar muchos factores al diseñar políticas de arresto y enjuiciamiento. Ese complicado proceso de equilibrio a su vez deja a los tribunales sin estándares significativos para evaluar esas políticas.”
Nuestra oficina supervisará de cerca cómo la administración Biden pretende proceder con la implementación de las directrices de enjuiciamiento tras el fallo de la Corte Suprema. Para mantenerse informado sobre desarrollos relacionados con inmigración, recomendamos encarecidamente monitorear el sitio web de USCIS.
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