El lunes pasado, la Corte Suprema declaró inconstitucional una ley de Arizona que exige a los solicitantes de votación presentar prueba de ciudadanía. Los jueces de la Corte Suprema votaron 7-2 para anular el requisito para los votantes.
Bajo la Proposición 200, promulgada en 2004, los votantes de Arizona deben mostrar documentación de ciudadanía estadounidense para usar el formulario de registro de votantes producido bajo una ley federal diseñada para facilitar el proceso y fomentar la votación. La Proposición 200 requiere una licencia de conducir de Arizona emitida después de 1996, un certificado de nacimiento de EE. UU., un pasaporte u otro documento similar que se debe mostrar antes de ser aprobado para usar el formulario federal de registro de votantes. Alabama, Georgia, Kansas y Tennessee también tienen requisitos similares para los votantes.
La Proposición 200 es criticada por ser una carga para los ciudadanos que pueden no tener prueba de su ciudadanía, impidiéndoles votar. En particular, es una carga para los ciudadanos naturalizados, que no pueden hacer copias legales de sus documentos, lo que dificulta que envíen por correo sus formularios de registro de votantes.
El juez Scalia escribió que la ley federal prohíbe “que Arizona exija a un solicitante del formulario federal presentar información más allá de la requerida por el propio formulario”, refiriéndose a La Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993, o la Ley “Motor Voter”. La ley Motor Voter no requiere tal documentación, y prevalece sobre la Proposición 200 de Arizona. La ley federal en cambio exige que los estados ofrezcan el registro de votantes al solicitar una licencia de conducir y otros beneficios específicos. También exige que los estados permitan tarjetas de registro por correo y que se jure la ciudadanía bajo pena de perjurio, pero no que se muestre prueba.
El año pasado, la Corte Suprema anuló las estrictas leyes de Arizona sobre inmigración ilegal. El punto que se sigue haciendo es que Arizona, y otros estados, no tienen la autoridad para hacer leyes que afecten la seguridad fronteriza, la inmigración y las elecciones federales por sí solos, sin el gobierno federal.
Arizona aún puede pedir al gobierno federal que incluya documentos adicionales como requisito específico del estado, y apelar la decisión ante la Corte Suprema si se niega la solicitud.
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